La revisión de las cuentas del Municipio que llevó adelante la consultora Russel Bedford, de acuerdo a lo que pudo saber Puntal Villa María, arrojó varias irregularidades e inconsistencias que, en números, hablan de una diferencia que ronda los 5.500 millones de pesos.
Y es que los registros contables de los últimos dos años de la intendencia de Gill dan cuenta de la existencia de una alarmante diferencia entre los arqueos de caja realizados por el Municipio y los fondos que había disponibles.
En rigor, el informe que cuenta con la rúbrica del contador Juan López Forastier, socio del estudio contratado por el gobierno local, indica que el patrimonio neto de la Municipalidad es de 5.500 millones de pesos menos que el que decían los papeles a fines de 2023.
Cabe precisar que este y otros detalles de la auditoría fueron dados a conocer en las últimas horas por el intendente Eduardo Accastello, quien meses atrás ya había anticipado que se estaba avanzando en un minucioso análisis, poniendo como objeto de estudio los balances presentados durante los períodos 2022-2023.
La oposición pide explicaciones
Un sector del Concejo Deliberante, vinculado a la oposición, hizo saber en las últimas horas su preocupación por todo lo que deviene de la auditoría realizada a la gestión de Gill.
Una de las funcionarias que se expresó al respecto fue la concejala Natalia González, quien exigió mayores certezas en torno a este caso.
“Lo que surge de la auditoría realizada sobre el ejercicio económico de la gestión de Gill es que a las arcas municipales les faltan más de cinco mil millones y medio de pesos, y eso es dinero que le falta al villamariense, ya sea en infraestructura, en viviendas, en salud o en pavimento”, comentó la edil.
En ese sentido, dijo sentirse preocupada “por el silencio cómplice de varios sectores”, al tiempo que agregó que “nosotros desde el primer día propusimos una comisión que investigara los números que dejó Gill en el Municipio”.
González dijo que el informe auditor revela que “hubo una violación a lo que dispone la Carta Orgánica Municipal y las ordenanzas de contabilidad, en cuanto a cómo deben llevarse los libros, la contabilidad y los asientos”.
Y añadió:“Los hallazgos demuestran una vulneración de todo el sistema contable, lo cual, hablando del Estado Municipal, no debería suceder, ya que, tal como expresa el contador a cargo de esta auditoría, se impide y/o dificulta todo el correcto control”.
La funcionaria celebró que la auditoría haya sido elevada a la Justicia. “La Fiscalía es quien debe investigar la existencia o no de delitos económicos, como malversación de fondos públicos, fraude o desvío de fondos, o incumplimiento de deberes de funcionario público de quienes estaban en la gestión”, exteriorizó la jefa del bloque Juntos por el Cambio.
A ello le sumó un pedido para el intendente Accastello, a quien le sugirió que ponga la auditoría realizada a disposición de los ciudadanos en la plataforma Datos Abiertos, argumentando que “el recurso público que falta, le falta al villamariense; es a él al primero al que se le deben dar las respuestas”.
